La ingeniera agrónoma expuso la preocupación por la forma en que se realizó la contratación del servicio de extensión agropecuaria en el Municipio durante los 4 años anteriores; ya que, la contratación no garantizó la calidad del servicio y tampoco la continuidad, entendido en la obligatoriedad que tiene el municipio con respecto a la ley 1876 del 2017.

La extensa obra busca devolverle la tranquilidad y transitabilidad, a casi 400 familias campesinas, incomunicadas porque el afluente destruyó la carretera que comunica a La Consigna, Matepiña y La Armenia.

La única EPS pública del país, cuenta con una reserva técnica de $59 mil millones, proveniente del proyecto de capitalización de la entidad, con el que se garantiza el pago de las acreencias asumidas.