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Desde este miércoles Fecode protesta en rechazo a la Ley Estatutaria de Educación que se estudia en el Congreso

Fecha: 12, Jun, 24

Fecode inició el paro indefinido en rechazo a la Ley Estatutaria de Educación que se estudia en el Congreso, una iniciativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

En un comunicado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación – FECODE, expresó lo siguiente:

FECODE es una organización comprometida con la defensa de la educación pública como derecho fundamental y bien común, con una lucha histórica para garantizar que los dineros públicos se inviertan en lo público, que la educación corresponda a las necesidades y contextos de nuestras comunidades. Todo esto en profunda contradicción con los sectores y los partidos tradicionales que han gobernado este país y que buscan negar el derecho a la educación, con un claro interés por la privatización de la misma.

El proyecto conciliado por las diferentes bancadas en la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, el pasado 5 de junio del año en curso, no corresponde con los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y FECODE. La enmienda presentada no fue consultada con la Federación, por el contrario, se hizo caso omiso a varias proposiciones que de manera oportuna radicamos en el desarrollo de los debates, con el propósito de ser discutidas e incorporadas, tal como lo reza el trámite parlamentario; sorpresivamente se incluyeron propuestas regresivas que desvirtúan por completo el reconocimiento del derecho fundamental a la educación, como las siguientes:

1. Incorpora un enfoque mixto de la educación, apresurándola a las lógicas del mercado, habilitando claramente la privatización y mercantilización de la misma bajo el pretexto del mejoramiento de la calidad y la falacia de la participación, que plasma el interés de imponer la simbiosis entre el recurso público y el sector privado.

2. Golpean los fines y objetivos de la educación, reafirman el enfoque basado en competencias, negando la posibilidad de abrir la discusión de una reforma curricular necesaria, debilitando el carácter y la función social que tiene la educación.

3. Restringe el acceso a la educación superior de las amplias poblaciones con más dificultades, al imponer como criterio la meritocracia.

4. Sin la suficiente sustentación ni debate con la comunidad educativa y académica, crea el nivel educativo terciario.

5. Incluye el mandato de los organismos multilaterales de subordinar la evaluación docente a resultados que no dependen exclusivamente de la práctica pedagógica, sino de múltiples factores asociados a la educación que le corresponde garantizar al Estado, generalizándola y profundizando su interés perverso y punitivo, desconociendo su carácter pedagógico transformador y constructivo.

6. Niega el carácter obligatorio de los grados de transición, jardín y prejardín en las instituciones educativas públicas bajo administración del Estado, con planta docente titulada y vinculada por concurso, como debe corresponder a todas las áreas, niveles y modalidades educativas.

Por estas razones y ante el poco margen de tiempo, le planteamos al Gobierno Nacional que tome la determinación de no permitir la aprobación de este proyecto y se proceda a generar una amplia movilización, alrededor de un nuevo diálogo social participativo, que consolide y garantice la educación como un derecho fundamental y bien común.

Manifestamos nuestro rechazo total a los conciliábulos a puerta cerrada, prácticas que invisibilizan las realidades territoriales, cercenan derechos adquiridos, las libertades democráticas, alimentan los apetitos de sectores y empresarios que ven en la educación una oportunidad de negocio, mercantilización y tercerización. Nos oponemos a toda iniciativa de privatización pretendida por la derecha y la ultraderecha de este país.

Llamamos al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, a los sectores sociales, populares, culturales, ambientales, académicos, movimiento indígena, campesinos, estudiantil, universitario y otros, a cerrar filas para defender la Educación Pública Colombiana como bien común y derecho fundamental, la misma que debe ser gratuita, universal, atendida, garantizada y administrada directamente por el Estado.

Finalmente, declaramos en estado de alerta máxima al magisterio colombiano, convocamos; la Junta Nacional de manera virtual el lunes10 de junio, y a PARO NACIONAL para el día miércoles 12 de junio por el hundimiento de esta enmienda que desdibuja el espíritu de la educación como derecho fundamental y bien común.

 

 

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