Juez ordena que Megacolegio de Paz de Ariporo debe terminarse

Por: Martha Isabel Cifuentes El Juzgado Segundo Administrativo de Yopal ordenó al departamento contratar los estudios y diseños necesarios para culminar la inconclusa obra del megacolegio de Paz de Ariporo, incluidas áreas deportivas o recreativas, en aras de que esta institución por fin entre en funcionamiento. También se debe contemplar dotación y equipamiento. El fallo obedece a una acción popular interpuesta en febrero de 2016 por la Defensoría del Pueblo de Casanare contra la Gobernación de Casanare mediante la cual se busca que el megacolegio se concluya y comience a prestar sus servicios educativos para 1.100 estudiantes según lo proyectado, ya que el contratista no solo no ejecutó la obra sino que lo que se alcanzó a realizar se encuentra abandonado a merced de los ladrones y el deterioro físico, amén de que el contrato no se ha liquidado. El juez 2° Administrativo Lubier Anibal Acosta González en su sentencia del 9 de febrero decidió amparar los derechos colectivos, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente, los cuales están amenazados y en peligro de vulneración a la comunidad educativa y la población en general. Agregó que todo esto se debió a la “desorganización de la administración departamental y el afán de administraciones pasadas de desembolsar los recursos para entregar el famoso anticipo del 50%”. En virtud a esto dispuso que la Gobernación de Casanare proceda con lo ordenado en los siguientes plazos: para los estudios y diseños, 3 meses; definir fuente de financiación, 2 meses, contratación, 4 meses, entrega del producto contratado, 6 meses; para el contrato de obra o suministro dispuso de 2 meses para estructurar el proyecto, aprobarlo y viabilizarlo; para definir fuente de financiación, 2 meses; contratación, 3 meses y ejecución de obras, 6 meses. A la Alcaldía de Paz de Ariporo, en calidad de propietaria del predio, se le ordenó disponer de vigilantes para proteger la infraestructura y predio de posibles invasores; también debe evitar más deterioro de las instalaciones construidas a través de jornadas de aseo. Para verificar el cumplimiento del fallo se tendrá un comité de verificación conformado por el Juez, la Defensoría del Pueblo, el Gobernador o su delegado, el Alcalde o su delegado y la Procuraduría. Contexto Esta situación la denunció el entonces rector del colegio Sagrado Corazón de Paz de Ariporo Elías Plata Díaz, advirtiendo que esta obra se estaba convirtiendo en un elefante blanco y deploraba que no se concluyera cuando era necesaria para los niños del municipio y considerando que esa institución tiene que pagar arriendo de sus instalaciones actuales. La infraestructura fue contratada con la Unión Temporal Mega Paz durante el nefasto gobierno del destituido gobernador Raúl Flórez hace siete años en 2011 mediante el contrato de obra 0210 del 11 de febrero, con una inversión de 9.500 millones de pesos y un plazo de ejecución de 10 meses. Desde ese momento el plazo se aumentó en 11 meses y se efectuaron 3 suspensiones, de las cuales dos tuvieron ampliación, según narra la parte demandante. Según un Fredy Martínez, exfuncionario de la Secretaría de Educación de Casanare, las prórrogas y suspensiones se debieron a que al momento de contratar la obra no se contaba con diseños para ejecutarla y debieron hacerse simultáneamente con la construcción. Por su parte el ingeniero civil Jaime Saavedra Perdomo, representante legal de la Cooperativa de Colombia, Creer en lo Nuestro, firma interventora del proyecto expresó que uno de los problemas detectados tuvo que ver con que en el predio asignado para la construcción había unas lagunas de oxidación que previo concepto negativo de Corporinoquia imposibilitó la realización del megacolegio allí, y se decidió ubicar un nuevo lote pero este carecía de servicios públicos, que obligó a realizar un pozo profundo y las adecuaciones necesarias. Adicional a esto destacó que pasados casi 3 años de firmado el contrato la obra no avanzaba. Según establece el Juez al contratista se le dio un anticipo de 4.749 millones de pesos, es decir el 50% del valor del contrato y para el 3 de septiembre de 2014 solo se reportó una ejecución de las obras del 46% sin que se conocieran las causas de esto. A pesar de ello la Gobernación no impuso ninguna sanción a la Unión Temporal Mega Paz. Posteriormente se inició un litigio para declarar el incumplimiento del contrato y respectiva liquidación. El actual gobierno departamental manifestó que no ha podido incluir esta obra en el plan de desarrollo departamental porque hay un litigio judicial para la liquidación del contrato, en el Tribunal Administrativo de Casanare. Sin embargo abrió un concurso de méritos para realizar un diagnóstico de las obras realizadas y lo que se requiere para la finalización del proyecto, sin que hasta la fecha se conozca su evolución. Para el Juez Lubier Anibal Acosta, independientemente de todo esto, el asunto es que no hay una acción gubernamental “para conjurar el abandono y desatención estatal de unas obras físicas destinadas a proporcionar espacios idóneos para la educación de la comunidad estudiantil de Paz de Ariporo”, por tanto ya no se puede esperar más para tomar decisiones.