Multimillonaria afectación al patrimonio ilegal del ‘Clan del Golfo’, había bienes en Paz de Ariporo, Yopal y Orocué
La Fiscalía General de la Nación propinó golpe certero al patrimonio ilegal del ‘Clan del Golfo’ con la imposición de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 1.320 bienes, avaluados comercialmente en más de 420.000 millones de pesos
El trabajo articulado de 30 fiscales de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, y de un grupo de peritos e investigadores del CTI permitió establecer que las propiedades pertenecerían al extraditado cabecilla de esa organización criminal, Antonio Moreno Tuberquia, alias “Nicolás”.
Los elementos de prueba indican que los millonarios activos estaban a nombre y eran administrados por una estructura señalada de constituir sociedades, comprar bienes y realizar diferentes actividades comerciales con dineros producto del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
La presunta articuladora de esta red de testaferros era una exintegrante de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien sería la encargada de definir las maniobras para dar apariencia de legalidad a los recursos de alias Nicolás y evitar el rastreo de las autoridades.
Las propiedades afectadas con fines de extinción de dominio están representadas en 253 inmuebles, 10 establecimientos de comercio, 12 sociedades, 17 vehículos, 38 equinos y 990 cabezas de ganado.
Las diligencias de materialización de las medidas cautelares se realizaron en Bogotá; Pereira (Risaralda); Medellín, Santa Fe de Antioquia, Guarne y Puerto Triunfo (Antioquia); Cartagena (Bolívar); Sogamoso y Sutamarchán (Boyacá); Lérida, Guamo e Ibagué (Tolima); Andalucía (Valle del Cauca), Subachoque, Chía y El Rosal (Cundinamarca); Orocué, Yopal y Paz de Ariporo (Casanare); y Cubaral y Acacías (Meta).
Este resultado hace parte de la estrategia ‘Argenta’, definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar las finanzas del narcotráfico, las organizaciones criminales y la delincuencia común.
Los bienes ocupados quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
